Destituidos e inhabilitados ex alcalde y ex tesoreros del municipio de Ayapel (Cordoba)

Bogotá, sábado 6 de diciembre de 2008. Por peculado por apropiación, girar cheques sin fondos y omisión en sus funciones, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos al ex alcalde del municipio de Ayapel, Pedro Julio Márquez Rivera y los ex tesoreros del citado ente terrritorial, Jairo Alberto Torres Neris y Julio Rafael Beltrán Muñóz.

Al calificar las faltas como gravísimas y a título de dolo, el Ministerio Público señaló que los ex funcionarios Torres Nerís cuya inhabilidad será de 15 años y Beltrán Muñoz por 11 años, durante la vigencia 2006 giraron varios cheques de la cuenta en la que se manejan los recursos de regalías sin tener fondos en bancos para su pago, omitiendo el deber de registrar en los correspondientes libros estas operaciones, así como los gastos generados con ocasión de las mismas y sin contar con los documentos soportes que las justificaran.

Así mismo, la Procuraduría comprobó que el extesorero Torres Neris se apropió de recursos del erario público mediante el retiro de varios cheques, que en total superaban los 745 millones de pesos, provenientes de las cuentas en las que se manejaban recursos de regalías, títulos valores que fueron girados a su nombre y cobrados por el propio investigado.

En cuanto al exalcalde de la población, el Ministerio Público lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 15 años, al considerar que incurrió en falta gravísima por omitir el deber de velar por el debido cumplimiento de las funciones a cargo de estas dos personas, que giraban títulos valores sin contar con la provisión de fondos en los bancos para su pago; no registraban las operaciones de tesorería, ni los gastos, los cuales se causaban sin los respectivos soportes y tampoco se expedían comprobantes de egreso, pues no se llevaban en debida forma los libros de contabilidad.

Al imponer la sanción la Procuraduría afirmó que el mandatario municipal es responsable disciplinariamente pues estaba enterado de todas y cada una de las irregularidades y del mal manejo, y las avaló pese a todas las advertencias.

“Omitió el cumplimiento de sus deberes y permitió el manejo irregular de los recursos del municipio con inobservancia de las normas jurídicas aplicables, a pesar que le correspondía en ejercicio de sus funciones, dirigir la función administrativa de la población en el desarrollo adecuado de sus propias funciones”, afirmo el ministerio público.

Finalmente, concluyó que el alcalde adecuó su comportamiento a la denominada” comisión por omisión” e incurrió en un concurso material de faltas generado por cada una de las que cometieron los tesoreros investigados.