Procuraduría y Superintendencia exhortan a alcaldes a proteger los derechos del consumidor

Bogotá, 3 de noviembre de 2005. La Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio exhortaron a los alcaldes distritales y municipales del país a que cumplan con sus funciones en materia de protección al consumidor.

En una circular conjunta dirigida a los mandatarios, ambas Entidades expusieron las orientaciones para el cumplimiento de las normas relativas a sus competencias, reiterándoles cada una de éstas no sólo en lo que tiene que ver con protección al consumidor sino también con metrología legal.

Dichas funciones, contempladas en los Decretos 3466 de 1982, 2876 de 1984 y 2269 de 1993 exigen de su parte un obligatorio cumplimiento, ceñido a los lineamientos establecidos para tal efecto, por su condición de servidores públicos.

En el mismo documento, la Procuraduría anunció que junto con otras autoridades disciplinarias vigilará el cumplimiento de lo establecido en las normas y realizará las investigaciones en contra de los alcaldes que no adelanten los procesos de protección al consumidor dentro de los términos fijados por la Ley.

Esto, con el propósito de contribuir con la adecuada protección a los derechos del consumidor y teniendo en cuenta que “día a día se han incrementado las actividades que conllevan adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado para la satisfacción de sus necesidades”.

El Jefe del Ministerio Público y el Superintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio Escobar, les recordaron a los alcaldes que tienen facultades para investigar las contravenciones a las normas sobre control y vigilancia de precios y además imponer las sanciones administrativas por incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad o por la información que no corresponde con la realidad o induce a error al consumidor.

Así mismo, en la circular señalaron la competencia de los mandatarios para ejercer el control y vigilancia de quienes vendan bienes o presten servicios mediante sistemas de financiación o bajo la condición de la adquisición o prestación de otros bienes o servicios, así como de quienes presten servicios que exijan la entrega de un bien.

Evocaron de igual forma, la obligación de los gobernantes de impartir en el territorio de su jurisdicción, las órdenes e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones oficiales sobre pesas y medidas.

En ese sentido, les compete sancionar administrativamente el uso de pesas y medidas e instrumentos de pesar y medir alterados, incompletos, disminuidos o que de alguna forma tiendan a engañar al público.

Lo anterior, con el fin de asegurar el ejercicio correcto de las “funciones públicas” y “prevenir la comisión de faltas disciplinarias”, mediante el cumplimiento de las obligaciones atribuidas a los mandatarios.

Ante esto, las Entidades solicitaron a los alcaldes mantener a disposición toda la información relacionada con la protección al consumidor y metrología legal como: el manual de funciones de la oficina a cargo de este tema; los procedimientos de atención de peticiones, quejas y reclamos de los consumidores; el inventario de los instrumentos metrológicos con los que cuentan; la programación anual de campañas de verificación y la correspondiente a la calibración de dichos instrumentos y un registro estadístico mensual de las investigaciones adelantadas en la materia, en la que se detalle el tipo de investigación, estado y trámite adelantado.

La Superintendencia de Industria y Comercio por su parte, brindará apoyo a las alcaldías mediante la realización de pasantías en Bogotá, para lo cual pondrá a disposición el programa anual de capacitaciones.

De igual forma, dio a conocer la circular durante el III Encuentro de Alcaldes sobre Competencias en Protección al Consumidor, realizado en el Hotel Tequendama el pasado 28 de octubre, con la participación de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.